El martes 23 de septiembre de 2025, Montevideo fue sede del Seminario “Formación y certificación para los cuidados en América Latina y el Caribe” realizado en el marco de la III Reunión Técnica Regional de la Red Saber Cuidar: formación y certificación para los cuidados, que coordina OIT/Cinterfor y nuclea especialistas y personal técnico de 20 instituciones de 14 países de la región.

El Seminario puso el foco en la profesionalización de las y los trabajadores del cuidado como pilar estratégico para garantizar empleo decente, igualdad de género y servicios de calidad.

Apertura: cooperación y mirada regional

En la mesa de bienvenida, Carlos Domínguez, Encargado de Negocios de la Embajada de España en Uruguay y representando a AECID, reafirmó el compromiso de la cooperación española con la profesionalización del sector, destacando los avances logrados en España y la vigencia de las “5R” del trabajo de cuidados: reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar. Por su parte, Mariana Chiquiar, subdirectora nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, subrayó que el cuidado es una cuestión de desarrollo y de justicia de género, recordando que en Uruguay las mujeres destinan el doble de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. Anita Amorim, experta de la Unidad de Alianzas Emergentes y Especiales, Alianzas Multilaterales y Cooperación para el Desarrollo de OIT, celebró la cooperación Sur-Sur y triangular como motor para innovar en políticas de cuidado, y presentó la plataforma global South for Care como ejemplo de intercambio. Finalmente, Fernando Casanova, representando a OIT/Cinterfor valoró la rápida consolidación de la Red Saber Cuidar y señaló que Uruguay se ha convertido en referencia en el tema.

Panel: “Del derecho al cuidado al trabajo decente: profesionalización de los trabajadores del cuidado como pilar social”

Puso el foco en reconocer el cuidado como un derecho y en la necesidad de profesionalizar a quienes lo ejercen, transformando un trabajo históricamente invisibilizado en un pilar de las políticas sociales y laborales.

Paz Arancibia, Especialista Regional en Género y No Discriminación, Oficina OIT para América Latina y el Caribe, advirtió que las desigualdades de género en el mercado laboral están profundamente vinculadas al cuidado: “Hoy, 708 millones de mujeres no participan en el empleo remunerado por responsabilidades de cuidado, frente a solo 48 millones de hombres”. Subrayó que la certificación y formación en el sector deben revalorizar social y económicamente estas tareas, garantizando derechos y estándares de calidad.

Hugo Bai, Coordinador del Diálogo Social (Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Uruguay), destacó el rol del diálogo social en la construcción de acuerdos amplios: “Partimos de una reforma jubilatoria, pero el debate nos llevó a una reflexión mucho más amplia sobre la infancia, los cuidados y la protección social”. Enfatizó que la sostenibilidad del sistema requiere la participación activa de ciudadanía, partidos políticos y actores sociales.

Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos de Género de CEPAL, situó el debate en el marco regional e internacional y advirtió sobre la urgencia de invertir en cuidados: “La región necesita destinar al menos un 5% del PIB en la próxima década para cerrar brechas de género, crear 31 millones de empleos y garantizar la sostenibilidad de la vida”. Recordó que el cuidado debe entenderse como un bien público global y como parte de una “sociedad del cuidado” que coloque la vida y la igualdad en el centro.

En conjunto, el panel coincidió en que la profesionalización mediante formación y certificación es indispensable para abrir trayectorias laborales claras, dignificar el trabajo de cuidados y garantizar servicios de calidad. También remarcó que invertir en el sector no solo responde a un imperativo social, sino que constituye una estrategia económica para el crecimiento inclusivo y la reducción de desigualdades.

Experiencia de Uruguay: La profesionalización del trabajo de cuidados en la tercera etapa del Sistema Nacional Integrado de Cuidados

La mesa dedicada a la experiencia uruguaya permitió mostrar los avances logrados y, al mismo tiempo, los retos pendientes para consolidar un sistema de cuidados sostenible, inclusivo y con calidad.

Susana Muñiz, Secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social, recordó que Uruguay ha formado a más de 9.000 cuidadores habilitados en las dos primeras etapas del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Señaló que la tercera etapa estará orientada a revisar currículos, ampliar la formación hacia niveles avanzados y especializados, y establecer un marco nacional de cualificaciones que permita garantizar trayectorias formativas continuas. “El desafío ahora es pasar de la habilitación básica a una malla de formación que acompañe a las personas a lo largo de toda su vida profesional”, subrayó.

Mariana Chiquiar (MTSS) enfatizó el peso económico de las desigualdades en el sector, advirtiendo que la exclusión de mujeres del mercado laboral por las responsabilidades de cuidado le cuesta a Uruguay cerca del 12% del PIB. Planteó que los cuidados son estratégicos no solo por razones de justicia social y de género, sino también por su impacto directo en la productividad y en la sostenibilidad demográfica. Destacó la importancia de reconocer los aprendizajes previos e integrar las políticas de cuidado dentro de una estrategia de empleo y formación profesional.

Miguel Venturiello, Director general del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, valoró el impacto de la formación en el desarrollo personal y profesional de las y los cuidadores, destacando que “cada proceso de certificación abre nuevas oportunidades educativas y laborales”. Explicó que la formación debe articularse con los ciclos educativos formales para permitir el acceso a estudios terciarios, y puso en relieve el papel de las cooperativas sociales en el sector. También propuso llevar la discusión sobre condiciones de cuidado a las rondas de los consejos de salarios.

Leonardo Slinger, representante empresarial en el Diálogo Social Uruguay, destacó que la profesionalización y la formalización son necesarias para superar la precariedad que todavía caracteriza al trabajo de cuidados. Recalcó que el sector empleador está tomando conciencia de la importancia de este tema, sobre todo ante el envejecimiento poblacional, pero advirtió que el financiamiento constituye una tensión clave en Uruguay, dado el alto peso tributario que ya soporta el sistema. “El diálogo social es una oportunidad para unificar y hacer más eficiente la oferta de servicios de cuidado”, señaló, y propuso incluir también la formación en autocuidado.

Finalmente, Carolina Spilman, Vicepresidenta adjunta del PIT-CNT y responsable de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad, reclamó un salto cualitativo hacia un sistema consolidado de formación y certificación, universal y gratuito, que garantice mejores salarios y condiciones laborales. Subrayó que el cuidado debe ser reconocido como un trabajo, un derecho y un pilar del desarrollo, y que las instituciones educativas deben ofrecer carreras técnicas y académicas específicas en la materia. También criticó limitaciones del pasado, como la cobertura insuficiente o los horarios inflexibles, e insistió en que la profesionalización solo será efectiva si se traduce en reconocimiento salarial y en convenios colectivos sólidos.

En conjunto, las intervenciones coincidieron en que Uruguay ha avanzado significativamente en la construcción de un sistema de cuidados, pero enfrenta desafíos importantes en términos de sostenibilidad financiera, mejora de la calidad, reconocimiento de saberes y consolidación de la gobernanza tripartita.

Concluyendo, el seminario mostró un consenso amplio: la profesionalización del cuidado es un requisito para dignificar a quienes lo ejercen, garantizar servicios de calidad y avanzar hacia sociedades más justas e igualitarias. Si bien los desafíos son significativos —financiamiento, precariedad laboral, división sexual del trabajo—, el diálogo social y la cooperación regional se consolidan como los principales caminos para transformar el sector en un motor de desarrollo inclusivo.