Autonomía de las mujeres e igualdad en la agenda de desarrollo sostenible
El camino recorrido de forma ininterrumpida por América Latina y el Caribe desde la Primera Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (La Habana, 1977) hasta la actualidad muestra cómo se fue construyendo -con la participación del movimiento feminista, los Gobiernos y los organismos internacionales- una agenda y una concepción de política pública que superan la mirada inicial de vulnerabilidad de la población femenina, debilitan la idea de que la situación de desventaja de las mujeres en los países se mejora cambiando a las mujeres, y no necesariamente a la sociedad, y van más allá del enfoque de igualdad de oportunidades, para llegar a una perspectiva de análisis y propositiva centrada en la titularidad de derechos y la autonomía como base para la igualdad y el desarrollo sostenible (González Vélez, 2015). De este modo, se visibilizan, por una parte, las personas titulares de derechos, y, por la otra, los compromisos y responsabilidades de las instituciones que tienen que garantizar el ejercicio de esos derechos y los procesos que conducen a pactos para la igualdad de género y a la exigibilidad como mecanismos para revertir desigualdades, erradicar la discriminación y la violencia, y redistribuir el tiempo, los recursos y los roles.
América Latina y el Caribe ha celebrado 12 Conferencias Regionales y es la única región del mundo que tiene un órgano permanente de estas características. Además, ha producido un cúmulo de acuerdos y un lenguaje de enorme riqueza política y técnica, que muestra el compromiso de los Gobiernos, concretado en medidas que han ido configurándose en una hoja de ruta que, si bien ha tenido sus altos y bajos, ha marcado de manera señera el camino de las sociedades latinoamericanas y caribeñas hacia una mayor igualdad entre mujeres y hombres. Estos acuerdos constituyen, junto con la negociación sistemática que les sigue, una experiencia única de definición de agenda de política pública y de estándares en los que deben enmarcarse las políticas en cuanto a sus contenidos, enfoques, énfasis temáticos, grupos de atención especial y objetivos.
En el documento se proponen análisis de inversiones económicas que los Gobiernos deberían asumir para implementar políticas en esta dirección, a la luz también de los costos que la inacción en materia de violencia contra las mujeres representa para los países. Otro elemento clave es la autonomía en el poder y en los procesos de adopción de decisiones, en los que la presencia de mujeres es marcadamente insuficiente y no guarda relación con su peso demográfico ni con los aportes que realizan y el papel que cumplen en la sociedad. Esto se constata en la baja participación de las mujeres no
solo en las instancias del poder político, sino también en otros ámbitos de decisión, como el económico, ya sea en empresas o sindicatos, el académico y de gestión del conocimiento, y en los medios de comunicación social.
Los desafíos en esta materia son abordados considerando caminos que refuerzan las medidas de acción positiva y avanzan hacia la noción de democracia paritaria como criterio ordenador en la construcción de sociedades más igualitarias. Con el convencimiento de que un Estado democrático requiere de mayor representación y transparencia, se plantea también la importancia de la función de los mecanismos de financiamiento de la política para asegurar la participación de las mujeres en el ámbito público.
Se integra en el análisis un campo de investigación emergente: la interdependencia existente entre las autonomías, por ejemplo, en la consideración del papel que juegan los mecanismos de evasión y elusión tributaria y sus impactos en el desfinanciamiento de las políticas públicas de igualdad, o el peso de crímenes como la trata de mujeres y niñas en la conformación de flujos financieros ilícitos.
Con la mirada puesta en el futuro, en el documento se plantea una propuesta para el fortalecimiento de las políticas públicas de igualdad de género y de garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres, tejiendo una red de interdependencia entre los objetivos, metas y medidas para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la agenda regional de género. Los nuevos retos que enfrenta América Latina y el Caribe demandan políticas públicas innovadoras y efectivas que sostengan y sean sostenidas por una arquitectura para la igualdad de género basada en instituciones sólidas y articuladas, así como en procesos de transversalización y participación claros.
