En el marco del Programa de Justicia e Inclusión, financiado por la Unión Europea, se realizó el Seminario internacional Bases hacia una estrategia nacional para personas en conflicto con la ley penal. Este seminario organizado junto al MEC, OPP, ANEP, INR e INISA, se enmarcó en el proceso de trabajo de una mesa interinstitucional que diseñó, implementó y evaluó propuestas articuladas para promover el fortalecimiento de las capacidades y la generación de oportunidades de inclusión social de las personas sujetas a medidas penales. Durante ese proceso se concretaron experiencias piloto educativo-laborales y se desarrolló un diálogo multisectorial, en tanto insumos que animaran el intercambio para una estrategia nacional de educación para personas en conflicto con la ley penal.

El seminario, que tuvo lugar el miércoles 20 y el jueves 21 de julio de 2016 en el Centro de Conferencias de la Intendencia de Montevideo, promovió la reflexión sobre programas y propuestas de alcance nacional a la luz de la experiencia internacional comparada. Reunió a expertos nacionales y de otros países de la región, autoridades, técnicos, operadores y funcionarios de múltiples instituciones del Estado y de la sociedad civil. 

La propuesta del seminario incluyó formatos de exposición y de participación diversos que dinamizaron el encuentro y facilitaron el intercambio de ideas y experiencias. Además de mesas de exposición y paneles de debate, se desarrollaron entrevistas en profundidad a expertos internacionales en la materia, se presentaron videos que documentaban diferentes proyectos de educación y trabajo en contextos de encierro, hubo propuestas de teatro y música a cargo de personas privadas de libertad invitadas al seminario y una exposición fotográfica que permitió recorrer en imágenes algunas de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto.

Durante el seminario se formalizó el acuerdo de trabajo de la Mesa interinstitucional de educación para personas en conflicto con la ley penal, con la firma de las respectivas autoridades. Los insumos generados durante estas dos jornadas aportarán al trabajo de la Mesa para el diseño de una política pública que asegure la aplicación de la oferta, el acceso a propuestas de calidad y la continuidad educativa de las personas sujetas a medidas de sanción penal.